¿Cómo CO-CONSTRUIMOS?

La generación de empleo es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país. Según el DANE, para el primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 11,8% ubicándose 1,1 puntos porcentuales por encima con respecto al mismo periodo del año anterior. En estos primeros tres meses, la tasa de ocupación se redujo a un 56%, lo que equivale a una reducción de 0,4 puntos porcentuales. A nivel local, la situación se torna preocupante para algunas ciudades como Quibdó, Armenia e Ibagué cuyas tasas de desempleo alcanzaron el 21,6%, 19,4% y 18,6%, respectivamente.    

           

A pesar de que la reducción de las cifras de pobreza en las últimas décadas ha permitido mejorar el nivel de vida de la población, los beneficios de las políticas sociales no han impactado de manera homogénea el territorio nacional. En 2018, un 27,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria y un 19,6% en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se dieron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) con un 33,5% y 33,3%, respectivamente, mientras que la más baja se dio en Bogotá con un 4,3%.

 

Se estima que 13 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza monetaria y demandan el fortalecimiento de las políticas sociales y de empleo para insertarse laboralmente o mejorar sus condiciones de trabajo ingresando a la formalidad. La generación de oportunidades para que los colombianos -y en particular aquellas personas con mayores barreras de acceso- logren insertarse adecuadamente al mercado laboral formal permitirá consolidar el desarrollo local de los territorios.

 

Desde INTERRA reconocemos la generación de empleo y oportunidades para la población como un reto prioritario. Nuestro trabajo promueve el desarrollo local a partir del fortalecimiento de las capacidades del territorio y la promoción del capital humano. Trabajamos en conjunto con los territorios en la construcción de diversas estrategias que generen más y mejores oportunidades de empleabilidad y generación de ingresos para sus habitantes. En este sentido, herramientas como las políticas activas de empleo son esenciales para mitigar las barreras de empleabilidad de la población para lo cual la Fundación INTERRA apoya su diseño e implementación.

 

Asimismo, desde la Fundación INTERRA tenemos la capacidad para trabajar con los territorios y analizar de manera integral sus potencialidades. Partiendo del análisis de sus apuestas productivas, identificamos las brechas de educación, intermediación laboral y empleo que enfrenta el territorio y con base en ello, proponemos estrategias de capital humano que soporten dichas apuestas. Igualmente, apoyamos la articulación de la política nacional y territorial para la generación de rutas de intervención para la fuerza laboral y sus emprendedores. En efecto, fortalecer el desarrollo productivo es esencial para atacar problemáticas como la informalidad, el desempleo y por ende, los niveles de pobreza.

El desarrollo productivo: respuesta al desempleo y a la pobreza en los territorios Cerrar

Aunque el Estado colombiano ha avanzado hacia la universalización de la educación básica y secundaria, todavía persisten brechas urbano-rurales. Mientras que en 2017 la tasa de cobertura neta alcanzó un 87,7% en las zonas urbanas, para la zona rural fue del 78,7% (9 puntos porcentuales de diferencia). Esta situación redunda en las tasas de analfabetismo que para la población mayor de 15 años se ubicó en 3,4% en las zonas urbanas y en 12,1% en las zonas rurales para el año 2017.

Por su parte, la tasa de deserción en la educación, preescolar, básica y media sigue afectando al 3,08% de la matrícula escolar; alrededor del 3,05% de los estudiantes desertaron del sistema educativo en el 2017, especialmente en los niveles de secundaria (3,92%) y media (2,47%). Por otro lado, cerca del 62% de los jóvenes que terminan el bachillerato no transitan hacia la educación superior. En términos de calidad educativa, se siguen presentando brechas importantes entre instituciones educativas públicas y privadas, según las Pruebas Saber 11. Estas brechas se profundizan en las zonas rurales las cuales presentan resultados muy inferiores al promedio nacional principalmente en matemáticas (50,3%) y español (53,4%).
En este sentido, desde la Fundación INTERRA queremos acompañar a los gobiernos locales, a partir de una visión integral del entorno educativo, a construir planes de permanencia escolar que complementen las apuestas ya existentes en transporte y alimentación escolar, y en donde se integren elementos de fortalecimiento del ambiente escolar, el uso adecuado del tiempo libre, el desarrollo de estrategias de apropiación del conocimiento y desarrollo de competencias desde una visión de aporte al sistema productivo de las regiones y comunidades. Es así como la Fundación INTERRA contribuye en este proceso y apoya a los entes territoriales en el desarrollo de metodologías que contribuyan a fortalecer la educación como pilar de desarrollo.

A su vez, le apostamos al fortalecimiento de las capacidades de las administraciones locales en términos del desarrollo de metodologías que permitan que los jóvenes estudiantes tengan acceso a información de calidad sobre el mundo laboral y educativo. De esta manera, aportamos en la construcción de una estrategia de orientación basada en experiencias vivenciales y el uso de la tecnología para el empoderamiento de los jóvenes de su proceso de transición a la educación terciaria.

Entendiendo que la ruralidad es parte fundamental del desarrollo integral de los territorios, trabajamos en estrategias que fortalezcan la gestión escolar en zonas rurales, que respondan a las necesidades de contexto y que potencien la generación de competencias enfocadas la dinamización del desarrollo de las comunidades y territorios.

La educación: motor del desarrollo en los territorios Cerrar

Perspectiva de género: generación de capacidades locales para promover la igualdad de género, a partir de la transversalización de la perspectiva de género en el ciclo de las políticas públicas, programas y proyectos  

El concepto de género se refiere a la construcción social y cultural que asigna diferentes roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios, actitudes y comportamientos a las personas basados en las diferencias biológicas entre los sexos. Estas valoraciones ocurren en un periodo de tiempo particular, y están relacionadas con lo que se considera masculino y femenino y las relaciones de poder que de estos se desprenden (Ministerio de Justicia et. al, 2016; Corporación Iberoamericana, 2016). Por tanto, el análisis de género se refiere al análisis de las relaciones de poder, discriminación y exclusión que se han construido y desarrollado históricamente a partir de las diferencias sexuales de las personas. En ese sentido, la igualdad de género es un principio que estipula que los hombres y las mujeres deben tener las mismas oportunidades y los mismos derechos ante la ley. Según ONU Mujeres, la igualdad se puede abarcar desde la igualdad formal (neutralidad en leyes y normativas) y la igualdad sustantiva. Esta última se traduce en modificar las circunstancias que generan las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

En Colombia, según el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos fundamentales, políticos, económicos y sociales frente a la ley, y las mismas libertades y oportunidades. No obstante, en nuestro país, las mujeres y las niñas enfrentan situaciones de desigualdad que impiden su acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Estas situaciones de desigualdad se profundizan a nivel territorial, especialmente, en zonas urbanas y rurales. En las cabeceras municipales en el año 2018, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres fue de 4,4 puntos porcentuales, mientras que, en las zonas rurales del país, esta diferencia fue de 6,5 puntos porcentuales. Además, mientras que a nivel nacional, hay tres veces más mujeres que hombres que no cuentan con ingresos propios y nivel rural, esta cifra corresponde a cinco veces más, donde 35,9% de las mujeres no tiene ingresos propios, frente a 7,8% de los hombres.  Adicionalmente, las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado del hogar: a nivel urbano, las mujeres trabajan en estas actividades 3 horas y 34 minutos más que los hombres, mientras que, a nivel rural, esta diferencia es de 4 horas y 46 minutos. Por otro lado, la incidencia de la pobreza monetaria en los hogares rurales es mayor cuando se trata de hogares con jefatura femenina. En el 2018, 36,1% de los hogares rurales eran pobres, mientras que, de los hogares con jefatura femenina, el 40,5% se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

INTERRA le apuesta al diseño de proyectos que implementen acciones afirmativas para superar las brechas y desigualdades de género y promover cambios estructurales en las relaciones entre hombres y mujeres. Las temáticas que abordan los proyectos están orientados a reducir las violencias de género, reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, promover el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva y proyectos para la generación de ingreso para aumentar la autonomía económica de las mujeres, entre otras. 

Perspectiva de género: generación de capacidades locales para promover la igualdad Cerrar

La pandemia del Covid-19 ha reafirmado la importancia de una política pública de cuidado para el país. El propósito es intervenir sobre dos grandes problemáticas. La primera tiene que ver con la carga de cuidado que recae sobre los hogares y principalmente sobre las mujeres. Ellas representan tres de cada cuatro personas que realizan cuidados, con el agravante de que esta actividad se desarrolla principalmente de manera no remunerada. Esto sumado a los efectos en el mercado laboral que reflejaron en 2020 altas tasas de desempleo (20,4%), baja participación (48,1%) y baja ocupación laboral (38,3%). Además, según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo – (ENUT 2016- 2017), una mujer dedica, en promedio, más de dos veces a actividades de cuidado que los hombres: las mujeres 7 horas 14 minutos y los hombres 3 horas y 25 minutos. La persistencia de imaginarios sociales y culturales sobre el rol de la mujer dentro del hogar y la insuficiencia de servicios institucionalizados por parte del estado, el mercado y la comunidad explican parte de este fenómeno.

La segunda problemática que concentrará los esfuerzos de la política pública de cuidado corresponde a las necesidades de cuidado directo como resultado del acelerado proceso de envejecimiento de la población en el país. Entre 2020 y 2050, la destinación de tiempo para atender las necesidades de cuidados y apoyos para la población igual o mayor de 65 años pasará del 11% a un 27%, respectivamente. Estas dos problemáticas centrales no desconocen el espíritu universal de la política: todas las personas requieren servicios de cuidado a lo largo de su vida. 

En este contexto, la Fundación Interra adelanta una agenda para contribuir al desarrollo de la política pública de cuidado y pone al servicio del gobierno nacional y los gobiernos locales la generación de información que contribuya a la toma de decisiones. Igualmente, proponemos una ruta de definición e implementación a partir de 9 componentes centrales que consideramos se deben tener en cuenta: conformación de la Comisión Intersectorial de la Política Pública de Cuidado – CIPPC, validación conceptual de los elementos centrales del cuidado, definición de la arquitectura institucional, definición de instrumentos de regulación, definición de fuentes de financiamiento, el desarrollo de un esquema de formación y certificación para el recurso humano para el cuidado, la obtención de victorias tempranas, la regionalización de la política de cuidado y la generación de desarrollos normativos.

Política Pública de Cuidado Cerrar

Las evidencias disponibles muestran que las entidades territoriales han logrado aumentar las coberturas en educación básica (primaria y secundaria) y las coberturas de aseguramiento en salud a través del régimen subsidiado, y en menor proporción en educación inicial y media, con diferencias entre municipios, departamentos y entre zonas urbanas y rurales. Sin embargo, mejorar la calidad de la educación en las instituciones públicas y el acceso y oportunidad a los servicios de salud, son retos persistentes.

En otros sectores como agua potable y saneamiento básico, vivienda, promoción del desarrollo económico local y el fortalecimiento institucional, los resultados son menos satisfactorios, lo cual está relacionado con asignación de recursos para su financiación, delimitación y definición de competencias sectoriales entre niveles territoriales, eficacia y calidad de la gestión, capacidades institucionales disponibles y a los entornos de desarrollo en los que funcionan las entidades territoriales. Un ejemplo que refleja la baja capacidad institucional de los municipios es la inadecuada provisión y calidad de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales del país.

De todas maneras, es importante señalar que las entidades territoriales han mejorado en sus capacidades administrativas y fiscales, por ejemplo, el índice de desempeño integral muestra que, en términos del promedio municipal nacional. Entre 2006 y 2015 el índice aumentó de 60 a 71 sobre 100 y el número de municipios que estaban en nivel crítico de desempeño bajó de 105 en 2006 a 21 en 2016.  A pesar de estos avances, en los municipios más pequeños y departamentos, las instituciones estatales todavía no cuentan, principalmente, con las capacidades necesarias y suficientes para desarrollar los procesos administrativos, organizacionales, financieros, tecnológicos y técnicos en cada una de las competencias sectoriales asignadas, que les permitan lograr el cumplimiento de dichas funciones administrativas, el cierre de brechas en indicadores de desarrollo entre grupos poblacionales y entre territorios, así como la provisión y prestación efectiva de los bienes y servicios a cargo, de acuerdo con las restricciones y capacidades fiscales de los municipios.

Al mismo tiempo, es posible que las entidades territoriales no utilicen los recursos disponibles (fiscales, humanos, físicos y tecnológicos) adecuadamente para crear y fortalecer dichas capacidades y cualificar la capacidad de gestión, así como para obtener resultados de impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida, reducción de la pobreza, acceso y calidad en la prestación de los servicios públicos y sociales y en bienes públicos como infraestructura.

En efecto, el índice de desempeño municipal, compuesto por las capacidades de gestión y de resultados, en 2017 mostró que, 349 municipios obtuvieron un puntaje de desempeño bajo y 489 municipios un nivel de desempeño medio. Se presentan, además, deficiencias en el funcionamiento, coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno e instrumentos de planeación. En consecuencia, la mayor parte de los municipios deben generar y fortalecer sus capacidades de gestión y de consecución de resultados de desarrollo y bienestar, con el propósito de cerrar las brechas en desarrollo institucional.    

Cabe agregar que, distintas mediciones de la capacidad institucional de las entidades territoriales, al igual que sus dimensiones (capacidad administrativa y fiscal, rendición de cuentas, provisión de justicia, seguridad y regulación jurídica de los derechos de propiedad), muestran ciertos patrones geográficos en la forma en que se distribuyen y concentran dichos niveles en las diferentes regiones en el país, lo cual está estrechamente relacionado con condiciones económicas, nivel de ruralidad y con la clasificación de los municipios en el sistema de ciudades.

Por su parte, los ciudadanos carecen de conocimientos e información pertinente y efectiva para poder hacer parte activa en los procesos de participación y en la construcción de políticas que determinan sus condiciones de vida, en las fases de planeación, formulación e implementación. Los ciudadanos no pueden informarse adecuadamente para participar en los asuntos que los afectan.

Las instituciones son fundamentales para lograr cambios en materia de desarrollo. La cualificación de la capacidad burocrática, los estímulos al mercado y el fortalecimiento de la participación ciudadana son factores constitutivos del proceso de desarrollo. 
      

Las capacidades estatales e institucionales para hacer efectivas las decisiones en los territorios, introducir procesos de cambio institucional, organizar el buen funcionamiento para la prestación de un servicio social o bien público con calidad, realizar procesos de rendición de cuentas y garantizar el acceso a la información, son componentes esenciales de los procesos de desarrollo institucional y una condición necesaria para el desarrollo territorial.  

Por lo tanto, es fundamental identificar el estado del desarrollo institucional de las entidades territoriales y cerrar las brechas de participación de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas de desarrollo en el territorio. La Fundación INTERRA contribuye en este proceso apoyando a los entes territoriales en el desarrollo de diagnósticos institucionales diferenciados, análisis de planes y políticas, diseño de estrategias y construcción de indicadores que permitan identificar: 1) evidencia de los principales problemas y desafíos institucionales de las entidades territoriales, 2) determinantes del desarrollo y gestión institucional, 3) debilidades, fortalezas y estrategias en la formulación, articulación, coordinación y ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos en las entidades territoriales, 4) estrategias de apoyo a los programas de fortalecimiento institucional y a la asistencia técnica a través de la inclusión de la gestión orientada a resultados, con metas diferenciadas por territorios y enfoques regionales y transversales en los instrumentos de planeación, 5) la demanda y oferta institucional y el estado de su articulación, y 6) criterios de priorización y focalización de la inversión y buenas prácticas en la gestión, así como indicadores de desarrollo para priorizar las intervenciones.
 

La Fundación INTERRA también aporta en la formulación de estrategias y mecanismos de participación que permitan, por una parte, fortalecer y cualificar las capacidades de los ciudadanos y organizaciones para que puedan intervenir e incidir efectivamente en las decisiones públicas durante las distintas fases de la gestión pública y en los procesos y espacios de participación en los cuales se construyen, planean y ejecutan diferentes políticas, y por otra, permitan mejorar la interacción entre el gobierno, el Estado y los ciudadanos y la gobernanza de los territorios a través del acceso, transparencia y gestión de la información, mediante políticas y estrategias como la de gobierno abierto y gobierno en línea. 

El propósito es generar y articular conocimientos para orientar los procesos de toma de decisiones a partir de comprender los factores que explican las diferencias y determinantes del desarrollo institucional de las entidades territoriales, de la creación de estrategias que incentiven y fortalezcan las capacidades de los ciudadanos para participar, interactuar, deliberar y concertar, y de gestionar conflictos institucionalmente a través de la construcción de acuerdos que promuevan el desarrollo territorial entre las instituciones públicas y los actores territoriales.

Las instituciones: ejes fundamentales para lograr cambios en el desarrollo local Cerrar

En materia ambiental existen múltiples problemas que enfrentamos en la actualidad. En este sentido, las emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI, han generado un cambio en las condiciones del planeta que, conforme a la Convención Marco de las Naciones Unidas al Cambio Climático, desarrollada en París en el 2015, de no tomarse medidas la temperatura global se incrementara en más de 2°C en relación con la temperatura preindustrial. De otra parte, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene una tasa de crecimiento anual del 5 % y en Colombia la generación de estos residuos domésticos en el 2014 se estimó en 252.000 toneladas, equivalente a 5,3 kg por habitante con un potencial contaminante del ambiente (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015 citado por Ministerio de Ambiente).

Frente a este panorama, Colombia se comprometió a reducir 20% las emisiones de GEI para el 2030 respecto a un escenario en que no se toman medidas para contrarrestar el cambio climático. Por lo cual, existen medidas legales impulsadas por el gobierno en el marco de la reforma tributaria de 2016 -Ley 1819 de 2016- como un instrumento para internalizar los costos de las emisiones de CO2, de lo cual se ha derivado un potencial mercado entendido como un sistema de comercio de emisiones.

Asimismo, las iniciativas que promueven un cambio cultural son de gran relevancia práctica, muchas de ellas avaladas por el Ministerio de Ambiente en materia del manejo de residuos, a través de programas de posconsumo y manejo de sustancia químicas y residuos peligrosos. Pero por encima de las estrategias legales y de incentivos para enfrentar la realidad ambiental, el panorama y la preocupación sobre la forma como enfrentamos los retos ambientales tiene implicaciones mundiales y gran relevancia en el bienestar social, no sobra resaltarlo, con consecuencias no menores para la supervivencia de la humanidad en condiciones adecuadas, o por lo menos no inferiores a las que enfrentamos en la actualidad.

La protección de las fuentes de agua, suelos, las condiciones del aire y demás aspectos que tienen relación con nuestro entorno saludable, debe ser abordados desde una perspectiva que entienda los potenciales beneficios de un cambio de conducta de los grupos sociales.

En este sentido, la Fundación INTERRA busca promover iniciativas ambientalmente amigables que materialicen los incentivos legales y que sean acordes con la necesidad de manejo eficiente de los recursos. Queremos resaltar que, como prioridad máxima en materia ambiental, desde la fundación INTERRA buscamos la efectividad de las medidas que promuevan el desarrollo ambiental; a través de campañas, manejo adecuado de incentivos junto con la orientación ambiental para la búsqueda de la realización verdadera de la buena intención inscrita en la Ley y en los acuerdos internacionales para la preservación del medio ambiente.

Sostenibilidad ambiental: haciendo compatibles nuestras necesidades preservando la biodiversidad y nuestros ecosistemas Cerrar

Colombia es un país con realidades locales muy diferentes, con brechas enormes frente a las condiciones bajo las cuales se toman decisiones de política en los municipios y regiones, pasando por temas presupuestales e institucionales. Reconociendo esta realidad, es posible afirmar que, si bien se vienen dando pasos importantes, aún existen problemáticas que pueden ser consideradas como generalizables: 1) la toma de decisiones de política de ordenamiento territorial no se basa en información estratégica y de calidad para el desarrollo socioeconómico; 2) la imitada capacidad de las entidades territoriales en el uso de instrumentos e identificación del potencial de financiamiento para el desarrollo territorial.

Los municipios tienen la oportunidad de generar recursos que complementen las fuentes tradicionales con las que financian sus proyectos de desarrollo. En especial, los instrumentos derivados del ordenamiento (obligaciones, contribuciones, tasas, etc.), se convierten en una oportunidad para que en la medida en la que se presenta el desarrollo, el ente local pueda financiarlo. Sin embargo, estos instrumentos se han concretado para algunos casos solo en ciudades grandes o aquellas intermedias con capacidad técnica y de gestión. Esto se puede explicar porque en la medida en que un municipio es de menor escala se hace más difícil implementar los instrumentos de gestión y financiación del desarrollo debido a una baja capacidad técnica, limitaciones de información, gobernanza limitada, etc.

Esta situación representa una limitante para que los municipios del país aprovechen sus potencialidades y constituye un ancla a su desarrollo. Implica también, escasa eficiencia en el uso de los recursos públicos y rezagos importantes en las posibilidades de compensar los desbalances generados por el aumento de la densidad poblacional y económica, con alta dependencia de recursos del orden nacional.

En este contexto, desde la Fundación INTERRA nos enfocamos en fomentar la toma de decisiones de política de ordenamiento territorial basadas en información estratégica y de calidad y, en aumentar la capacidad de las entidades territoriales para el uso de los instrumentos de financiación y su potencial en el desarrollo territorial.

En INTERRA trabajamos para identificar información requerida (disponible y de calidad), definir alternativas de analítica a usar; desarrollar metodologías que permitan la construcción de un diagnóstico de utilidad, que se conecte con indicadores de formulación y seguimiento; caracterizar la condición actual y prospectiva que defina la posibilidad real del municipio de aplicar instrumentos de financiamiento; y construir relaciones estratégicas entre la norma y los instrumentos de planeamiento, gestión y financiación.

Ordenamiento territorial: generando capacidades locales para potenciar el desarrollo de los territorios Cerrar